En youtube se expone un fragmento del encuentro que protagonizó Alfonso Guerra (exvicepresidente del Gobierno con Felipe González desde 1982 hasta 1991), en las oficinas de la firma internacional de abogados Ashurst, en el que expuso que la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de 2004 de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, promulgada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, viola la Constitución española de 1978.

El vídeo original fue publicado el 19 de noviembre pasado por Europa Press y se puede ver completo en: https://www.youtube.com/watch?v=gspMv…

La transcripción de dicha declaración de Alfonso Guerra es la siguiente:

«Al Congreso llegó una vez una ley, una modificación de una ley por el cual, actos penales si estaban ejecutados por hombre o por mujer tenían sanciones diferentes. Digo… pero esto está en contra del artículo 14 de la Constitución. Esto no puede ser. Es que hay más casos…Ya sé que hay más casos, muchos más, pero eso no cambia la tipología del delito. No puede ser. Se aprobó. Entonces alguien lo presentó al Tribunal Constitucional. Yo hablé con el Presidente del Tribunal Constitucional y le digo “Oye (era una persona conocida) esto ha ido al Tribunal, lo declararéis anticonstitucional…” (Me dijo…) “Hombre esto es inconstitucional, absolutamente, claro”. Me quedé tranquilo. Salió la sentencia: «Constitucional». Pero bueno… ¡Tú sabes la presión que teníamos, ¿cómo podíamos soportar esa presión? No puede ser así! A mí me parece absolutamente injusta esa ley… Hay que acatarla porque la democracia es así.»

Alfonso Guerra González (1940- ) fue diputado de las Cortes Generales (1977-2015) por lo que ejercía como diputado en el Congreso en el año 2004 en el que esa misma cámara aprobó por unanimidad dicha ley.

¿Cómo fue posible que, estando Guerra en contra de su aprobación, la ley fuera aprobada por unanimidad? Al parecer él mismo, y algunos otros diputados se ausentaron de la Cámara durante la votación, a pesar de que dicha ley fue propuesta por el grupo socialista del Congreso al que él mismo pertenecía.

Ante una ley manifiestamente anticonstitucional aprobada por unanimidad en el Congreso de los diputados y declarada Constitucional por este alto tribunal que, según la declaración del propio Guerra, se deduce que fue producto de un acto de prevaricación judicial, la cual, a su vez inspiró la promulgación de otras muchas leyes similares en todas las comunidades autónomas y que sigue generando nuevas disposiciones legales, la posición que adopta Guerra es la de que hay que acatarla porque la democracia es así.

En este caso, se deduce fácilmente que hay un poder que está por encima del Congreso de los Diputados que exige la aprobación por unanimidad de una ley que rompe la Constitución española, y que, tal como manifestó la presidenta del Tribunal Constitucional, justificando ante Guerra una mala decisión judicial a sabiendas, se debió a la presión insoportable a la que cedió dicho tribunal.

Lo que no se desvela es el sujeto de esa presión a la que cedió el Tribunal Constitucional y seguramente el propio Congreso de los Diputados que la aprobó unánimemente. ¿Qué poder puede ejercer esa presión sobre los dos órganos que más poder tienen en la nación española y que se subordinan ante aquel?

Es obvio que ese poder opera sobre la nación española y, por lo tanto, la soberanía nacional no reside en el pueblo español ni en sus representantes, desmintiendo el Artículo 1 de la propia Constitución de 1978, tanto en lo referido a que «2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.», y a que «1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.»

Es obvio que hay uno o más poderes supranacionales frente a los que los contrapoderes del Estado no pueden ejercer eficazmente sus funciones para cumplir con el ordenamiento constitucional. Pero si eso es así, nos encontramos con el hecho de que los poderes legislativo y judicial a sus más altos niveles, no son auténticos poderes sino poderes ficticios que se presentan al pueblo español como si fueran poderes efectivos.

Ahora bien, la última frase citada de Alfonso Guerra: «A mí me parece absolutamente injusta esa ley… Hay que acatarla porque la democracia es así.» es digna de que nos detengamos a tratar de entender qué significa.

Siendo obvio que no parece muy democrático tener que ausentarse de la sala con alguna excusa ridícula, en plena votación de dicha ley, para que salga aprobada por unanimidad, ni tampoco es democrática la presunta prevaricación del Tribunal Constitucional juzgando favorablemente la validez de esa ley, ¿a qué se refiere Guerra afirmando que la democracia es así?

¿Quiere decir que la democracia es lo opuesto a lo que casi todo el mundo entendemos por democracia pero basta con que solo se dé la apariencia de que sí lo es? Y para colmo, ¿hay que añadir que lo único válido es participar seriamente de esa falsa apariencia?

Lo cierto es que esa ley, no es solo anticonstitucional, sino que viola el principio elemental de la justicia, afectando perniciosamente a la vida cotidiana de millones de personas, y absorbe ingentes cantidades de recursos humanos y económicos del Estado mientras fragmenta a la sociedad generando contiendas entre sus partidarios y sus detractores.

Pero la propia sociedad no es inocente al respecto del problema artificial generado por dicha ley, aunque solo sea porque engrosa el poder de la ideología de izquierdas, enriquece a muchas personas, llena muchos telediarios y sirve a multitud de intereses ilegítimos, al tiempo que no resulta eficaz para eliminar o al menos reducir el problema que supuestamente trata de resolver.

De tal modo, si una mayoría social se posiciona a favor de ese producto de un poder supranacional que manifiestamente daña a la propia sociedad, hay que preguntarse si no es esa misma característica un ingrediente fundamental de eso a lo que en la actualidad se da en llamar democracia.

Parece ser ese mismo poder, que causa esa injusticia social, el que inyecta una ideología mucho más amplia en grandes poblaciones, con la alevosía que le es propia, ideología que se identifica por los siniestros fines que tienen en común sus diferentes ramas: ateísmo, doctrina LGTB, materialismo antropológico, empobrecimiento económico de la población general, dogma del calentamiento global, disgregación de los estados nacionales, demolición de las fronteras internacionales de estos con migraciones masivas, falso multiculturalismo, etc.

Lo asombroso es que todo ese pack ideológico es asumido y materializado por la actual izquierda (o la gente que dice ser la izquierda) poniendo un empeño gigantesco en su implantación.

Pero lo cierto es que esa izquierda, aparte de para llevar a cabo esa repugnante tarea, para lo que sirve es para blanquear a la mayor tiranía capitalista que jamás se haya formado, lo cual efectúa de muchos modos.

El primero es que con el predominio de las actividades de los partidos de izquierda, da la impresión de que no hay capitalismo en el mundo actual, cuando lo cierto es que todo apunta a que ese poder mundial es una ingente acumulación de dinero en muy pocas manos, hasta el punto de comprar todas las lealtades que le sirven para llevar a cabo sus fines, incluyendo a esos mismos partidos que aprueban leyes profundamente injustas y que dan la vuelta al valor fundamental del antiguo comunismo que era el de la igualdad de las personas.

El segundo es que, esos partidos de izquierda, hace mucho tiempo que abandonaron la lucha por defender a las clases trabajadoras, o menos favorecidas, de los desmanes de los falsos empresarios capitalistas. Sin esa lucha obrera, la apariencia es la de que los actuales dueños del dinero ejercen sus actividades, ya sean financieras, industriales o del tipo que sean, de manera ética, lícita, sin explotar a quienes tienen a sueldo, etc. Pero lo cierto es que  las clases medias van mermando, mientras los proletarios se van incrementado.

El tercer modo de blanquear a esos poderes es el de hacer creer a la población que todavía existen partidos de izquierdas, a base de hacer discursos como los hacía la antigua izquierda pero cargados de mentiras y de falsas apariencias. A la hora de la verdad, la izquierda no lleva a cabo políticas clásicas de izquierdas, sino todo lo contrario. Actualmente son llamados pijoprogres con razón, señoritos que viven del cuento y que se caracterizan por la simple difusión de ese marxismo cultural, que ni es marxismo, ni es cultural, y ni siquiera es mínimamente justo.

¿Qué hacen los actuales partidos de izquierda en España (PSOE, Podemos, Izquierda Unida, y el PC) aliándose con los partidos racistas vascos y catalanes que defienden sus privilegios por encima de todo, que además son los más capitalistas de la historia de España, y que son los sujetos fundamentales de la fragmentación de la nación española y de la rotura de la igualdad del conjunto de su población? ¿A qué y a quienes sirven?

Todas estas irregularidades y traiciones de los partidos más activos del actual régimen son las que hay que clasificar, junto a otras muchas, dentro de lo que significa democracia para Guerra.

Y si no fuera así, todos esos profesionales del circo político y su espectáculo mediático, deberían dar muchas explicaciones alternativas de las razones por las que elaboran y aprueban leyes que contribuyen a la fragmentación y la destrucción de la sociedad, a educar de los peores modos posibles a niños y adolescentes, a la disolución del estado-nación, a contribuir a la desaparición de las poblaciones autóctonas nacionales y a tantísimos otros males que, en ningún caso, son menores.

Urge claridad, limpieza, comunicación verdadera, educación de la buena, un nuevo periodismo que cumpla su propio código deontológico, respeto a la realidad, y, por encima de todo, esto último: personas reales en todos los puestos y niveles de la sociedad.